Propuesta Legislativa para la Cámara de Representantes
Candidato: Daniel Martínez Osorio
Bogotá 2026
Lema: Juntos Es Posible
Periodo: 2026–2030
El Desafío de la Seguridad en la Capital
La seguridad ciudadana constituye una de las problemáticas más apremiantes en el contexto de Bogotá. Diariamente, los habitantes de la capital se enfrentan a realidades complejas, incluyendo la delincuencia urbana, la percepción de inseguridad en sectores específicos y un sistema de justicia que demanda una modernización sustancial. Para forjar una capital más segura, equitativa y próspera, resulta imperativo trascender las acciones coyunturales y adoptar un enfoque de carácter integral que articule la prevención, la tecnología y una institucionalidad robusta.
Daniel Martínez Osorio, aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá, presenta una propuesta de seguridad integral de gran alcance que, además de reconocer las funciones intrínsecas del Congreso de la República, subraya la necesidad de una articulación efectiva con el Poder Ejecutivo y las entidades de orden territorial. Dicha propuesta se fundamenta en el principio de que la utilización adecuada de la tecnología se erige como el pilar fundamental para el desarrollo personal, laboral y estatal.
¿Cuál es el Problema Real de Seguridad en Bogotá?
Bogotá enfrenta múltiples desafíos en seguridad que trascienden la estadística:
- Impacto del Crimen Organizado: Presencia de grupos criminales organizados que afectan zonas geográficas específicas de la ciudad.
- Deficiencias en Prevención y Respuesta: Debilidad en la capacidad de respuesta preventiva ante delitos que atentan contra el patrimonio ciudadano.
- Congestión Judicial y Desmotivación de Víctimas: El sistema judicial se encuentra sobresaturado, lo que provoca la lentitud de los procesos y genera desmoralización entre las víctimas.
- Falta de Articulación Institucional: Insuficiente coordinación y colaboración entre las diferentes entidades encargadas de la seguridad, tanto públicas como privadas.
- Especial Vulnerabilidad Poblacional: Existencia de poblaciones con mayor riesgo, con especial énfasis en jóvenes y menores de edad.
La problemática trasciende la esfera meramente policiva; constituye un desafío estructural que exige modificaciones normativas, la modernización institucional y una redefinición del papel de la tecnología en la seguridad ciudadana.
La Propuesta de Seguridad Integral
La propuesta se estructura en cuatro pilares legislativos concretos, cada uno con funciones claras del Congreso de la República:
La ciudadanía enfrenta una escalada de criminalidad que parece imparable, lo cual se ve agravado por una notoria lentitud en la respuesta de las fuerzas policiales. A esto se suma una evidente falta de organización y estrategia en las labores de vigilancia, lo que contribuye a la percepción de desamparo y al descontrol del fenómeno delictivo.
Propuesta legislativa
El Congreso de la República debe impulsar un Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con Tecnología que establezca marcos normativos para:
- Promover la implementación de redes de videovigilancia interconectadas en puntos estratégicos de municipios y ciudades. Estas redes deberán estar articuladas con centros de control urbano para garantizar una respuesta ágil y efectiva, sirviendo como mecanismo de disuasión del delito.
- Asegurar la interoperabilidad de la información entre la Policía Metropolitana, la Policía Nacional, los organismos de seguridad privada y las entidades locales, mediante el uso de plataformas tecnológicas compartidas.
- Incorporar en el presupuesto nacional partidas presupuestales específicas destinadas a la inversión en infraestructura tecnológica, priorizando especialmente aquellas áreas o zonas que presentan una mayor vulnerabilidad.
Implementación: Coordinación con Ministerio de Defensa, DIAN (para financiación), Alcaldía de Bogotá y gobiernos locales.
Impacto: Reducción de respuesta a emergencias, mayor precisión en investigaciones, prevención basada en datos.
Lentitud en los procesos judiciales, desprotección de las víctimas y una percepción de ineficiencia en la administración de justicia, a pesar de su imparcialidad.
Propuesta legislativa
Una propuesta de Ley de Modernización del Sistema Judicial que incluya:
- Digitalización de procesos: Obligatoriedad de expedientes digitales, audiencias virtuales cuando sea pertinente, reducción de tiempos procesales de 3-5 años a 1-2 años para delitos comunes.
- Apoyo integral a víctimas: Creación de fondos de atención a víctimas con asistencia legal, psicológica y social. Programas de reparación rápida en casos de delitos patrimoniales.
- Capacitación permanente: Programas de educación continua para jueces, fiscales y defensores públicos en nuevas legislaciones, investigación tecnológica y criterios humanizados.
- Transparencia procesal: Publicación de sentencias anonimizadas, reportes de desempeño judicial, auditorías externas de eficiencia.
Implementación: Coordinación con Fiscalía General, Rama Judicial, Defensoría Pública, Procuraduría.
Impacto: Aumento de condenas efectivas, mayor satisfacción de víctimas, confianza en instituciones.
Las precarias condiciones laborales y de seguridad de los vigilantes, quienes a menudo carecen de protección social, reciben baja capacitación, son víctimas de explotación laboral y no cuentan con protocolos de seguridad claros y adecuados para el desempeño de sus funciones.
Propuesta legislativa
Un Proyecto de Ley de Protección Laboral en Seguridad Privada que incluya:
- Reforma a la regulación de empresas de vigilancia: Elevar estándares de capacitación, salario mínimo mejorado, seguro integral obligatorio, protección contra represalias.
- Protocolo nacional de seguridad en vigilancia: Estándares de equipamiento, entrenamiento y procedimientos. Obligatoriedad de reportes de incidentes.
- Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a Dirección: Creación de la Dirección de Investigación Nacional en Vigilancia Estratégica y Seguridad Integral, entidad independiente que supervise cumplimiento normativo, investigue abusos y garantice derechos de vigilantes.
Implementación: Coordinación con Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa, SENA, empresas de vigilancia.
Impacto: Mejora de condiciones laborales, reducción de abusos, mayor profesionalización de la seguridad privada.
La seguridad de los menores de edad se ve comprometida por el riesgo de explotación y las amenazas del entorno digital. A esto se suma el desafío de la delincuencia juvenil, que carece de alternativas efectivas para su reorientación.
Propuesta legislativa
Implementación de un Proyecto de Ley enfocado en la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia dentro de los Espacios Digitales, el cual debe contemplar:
- Plataforma tecnológica de protección: Herramientas de monitoreo parental responsable, educación digital para padres e instituciones educativas, redes de apoyo accesibles.
- Programas de prevención para jóvenes en riesgo: Becas para educación técnica y tecnológica, alternativas recreativas, emprendimiento juvenil con mentoría.
- Regulación de contenido y protección de datos: Marco normativo sobre privacidad digital de menores, restricciones a acceso de contenido nocivo, regulación de plataformas digitales.
- Comités de seguridad vecinal infantil: Estructuras de participación ciudadana que identifiquen riesgos específicos.
Implementación: Coordinación con ICBF, Ministerio de Educación, MinTIC, Alcaldía de Bogotá, sector privado de tecnología.
Impacto: Reducción de delincuencia juvenil, protección digital de menores, generación de oportunidades alternativas.
¿Cómo Se Diferencia Esta Propuesta de Otras?
| Aspecto | Enfoque Tradicional | Propuesta de Daniel Martínez Osorio |
|---|---|---|
| Seguridad | Represivo, reactivo | Integral, preventivo y tecnológico |
| Institucionalidad | Fragmentada, sin coordinación | Articulada, con entidad supervisora |
| Tecnología | Accesoria, no prioritaria | Eje central del modelo |
| Víctimas | Ignoradas en el proceso | Protagonistas, con asistencia integral |
| Vigilancia privada | Desprotegida, explotada | Dignificada, regulada, capacitada |
| Jóvenes | Criminalizados | Prevenidos, con oportunidades |
| Transparencia | Mínima | Auditoría externa, reportes públicos |
Viabilidad Legal, Técnica y Financiera
Legal
Todas las propuestas presentadas se circunscriben estrictamente al ámbito de las competencias del Congreso de la República de Colombia. Esto incluye la facultad de legislar en materias de tipificación de delitos, determinación de penas y procedimientos (Constitución, art. 150.19), la regulación de derechos y garantías laborales (art. 150.23), la aprobación del presupuesto nacional (art. 150.4), y el ejercicio del control político sobre las entidades del Ejecutivo (art. 163-166).
Es importante destacar que estas iniciativas no implican la usurpación de funciones propias del Poder Ejecutivo, como las labores cotidianas de policía y justicia, ni de las responsabilidades de los gobiernos locales, como la gestión de la policía metropolitana. Por el contrario, buscan complementar y fortalecer el marco normativo existente.
Técnica
La implementación de estas estrategias de seguridad integral debe alinearse estrictamente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de Bogotá y el Plan de Desarrollo Distrital vigente, garantizando la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de los principios de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 en materia de contratación pública. La destinación de recursos, estimada entre $80.000 y $145.000 millones de pesos colombianos (COP), requerirá un estudio de factibilidad jurídica y presupuestal detallado, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de cada fase, especialmente en la adquisición de tecnología y la expansión de infraestructura judicial.
Financiera
La financiación de las estrategias propuestas se sustenta en una reasignación presupuestaria estratégica dentro de los 30 billones de COP destinados a defensa y justicia en el presupuesto nacional de 2026, evitando un aumento exponencial de la carga fiscal. Además, se contempla la cofinanciación mediante la participación del sector privado, especialmente en áreas de vigilancia y tecnología de infraestructura.
A nivel internacional, se buscará la canalización de fondos de organismos como el BID y el Banco Mundial, destinados a la modernización de los sectores de seguridad y justicia. La implementación se llevará a cabo de manera escalonada, con dos propuestas por año, lo que permite distribuir la carga fiscal de manera eficiente a lo largo del tiempo.
Impacto Social y Económico Esperado
Corto Plazo
(2026-2027)
- Reducción de 15-20% en delitos de impacto (homicidios, robos)
- Agilización de 30% en procesos judicales
- Mejora de condiciones laborales para 50,000+ vigilantes en Bogotá
Mediano Plazo
(2027-2029)
- Generación de empleos en vigilancia tecnológica y apoyo a víctimas
- Reducción de 40-50% en delincuencia juvenil mediante programas de prevención
- Atracción de inversión privada en seguridad tecnológica
Largo Plazo
(2030+)
- Posicionamiento de Bogotá como ciudad segura en América Latina
- Reducción de costos sociales asociados a criminalidad
- Cultura de seguridad ciudadana basada en participación y tecnología
- Generación de un modelo replicable a nivel nacional
¿Por Qué Esto Importa Hoy?
La inseguridad impacta de manera diferenciada a diversos grupos de la población bogotana.
Afrontan condiciones de explotación laboral, carencia de protección social y formación profesional deficiente. Nuestra propuesta busca dignificar su labor.
Sus hijos menores de edad están expuestos a la delincuencia común y a los crecientes riesgos inherentes a los entornos digitales. La iniciativa plantea una protección integral tanto en el ámbito físico como en el digital.
El acceso a la justicia se caracteriza por su lentitud y por procesos que resultan revictimizantes. Esta propuesta se enfoca en la aceleración de los trámites judiciales y en la provisión de apoyo integral.
La falta de alternativas viables los expone a la criminalidad. Se propone la apertura de oportunidades a través de la educación, el emprendimiento y el desarrollo de capacidades
La sensación de inseguridad menoscaba la calidad de vida. Para contrarrestar esta situación, la propuesta contempla la recuperación efectiva de los espacios públicos.
Juntos Es Posible
La seguridad en Bogotá no es una tarea exclusiva de la policía o del sistema judicial; es un compromiso integral que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector privado. Daniel Martínez Osorio propone llevar a la Cámara de Representantes un enfoque basado en esta realidad: la seguridad integral como la clave para transformar una Bogotá vulnerable en una ciudad próspera.
Mediante legislación moderna, tecnología bien aplicada, protección a los vulnerables y justicia ágil, es posible construir una capital donde:
- Los ciudadanos transiten seguros
- Las víctimas encuentren justicia
- Los jóvenes tengan oportunidades
- Los vigilantes sean tratados con dignidad
- La tecnología sirva al bienestar
Este es el compromiso de “Juntos Es Posible“
Porque la seguridad de Bogotá se construye juntos, entre instituciones, ciudadanía y liderazgo responsable.